XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario: ‘Información Sanitaria versus publicidad. Diferencias y Régimen Jurídico’

La Fundación Dental Española ha patrocinado, un año más, un nuevo taller de trabajo en el XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario y organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Bajo el título ‘Información Sanitaria Versus Publicidad: Diferencias y Régimen Jurídico’, participaron el director de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), D. Enrique García López; el abogado del Colegio de Dentistas de Murcia, D. Paulo López-Alcázar; y el vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Dr. Jerónimo Fernández Torrente. Todos ellos abordaron -desde distintos puntos de vista- la importancia que tiene llevar a cabo una adecuada información y gestión publicitaria en el sector sanitario primando el aspecto informativo sobre el comercial.

Foto extraída de consejodentistas.net

Foto extraída de consejodentistas.net

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España y moderador del taller, el Dr. Óscar Castro Reino, destacó la necesidad de una actuación más eficiente por parte de la Administración para evitar la difusión de campañas publicitarias engañosas. Asimismo, apuntó que actualmente en España no hay un marco normativo uniforme en materia de publicidad sanitaria, por lo que nos encontramos con distintas regulaciones en función de cada Comunidad Autónoma, una situación que según el presidente del Consejo es prioritario subsanar.

En su intervención, el asesor jurídico del Colegio de Dentistas de Murcia, Paulo López-Alcázar, incidió en que “el fenómeno publicitario en el ámbito sanitario es relativamente reciente y está íntimamente ligado a la aparición de las entidades que se dedican -principalmente y en régimen de franquicia- a la explotación de clínicas dentales, al desarrollo de las entidades de seguros médicos o de intermediación en servicios sanitarios. Si bien es cierto que, cada vez las clínicas tradicionales recurren con mayor frecuencia a las campañas publicitarias como método para ofrecer sus servicios a la población.

Asimismo, el Sr. López-Alcázar explicó que la publicidad sanitaria “debe ser veraz, objetiva y completa a la vez que discreta y prudente. Siempre será precisa la autorización previa de las Autoridades Administrativas competentes para poder llevar a cabo su emisión y, en algunos casos, se establece la participación de los Colegios Profesionales del ámbito profesional correspondiente”.

Por su parte el Vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Dr. Jerónimo Fernández Torrente, reflexionó sobre la progresiva y masiva presencia de las cuestiones de salud en los medios de comunicación, la “transformación de la salud en un bien de consumo con tremendos intereses económicos, la politización de las cuestiones de salud y la banalización en ciertas campañas publicitarias de productos y medicamentos que afectan a la salud”, entre otros temas.

Explicó que la información sanitaria al paciente sobre su estado de salud es un derecho reconocido fundamental que se rige por los valores esenciales de la medicina y por los principios éticos. Apuntó que “la información sanitaria es un deber general de las Administraciones Públicas y de los Servicios Sanitarios”. Frente a la información sanitaria, señaló que la publicidad es una técnica de comunicación persuasiva cuyos objetivos son esencialmente comerciales orientados a conseguir un mayor consumo de un producto o servicio. Y se refirió a la propaganda como la comunicación que busca la difusión de ideas sin objetivos directamente económicos.
En este contexto, explicó que “los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Esta información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales y será verdadera, comprensible por el paciente, adecuada a sus necesidades y deberá ayudarle a tomar decisiones de acuerdo a su propia y libre voluntad. Por lo tanto, la información al paciente no es un acto burocrático sino un acto clínico.

Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual. Esta información deberá ser verdadera, comprensible y adecuada para la protección de la salud de acuerdo con lo establecido por la ley. “Informar veraz y adecuadamente a los pacientes es esencial para respetar su autonomía y hacerles co-responsables en sus cuidados. Se refirió también a la importancia de los Códigos Deontológicos, Protocolos y Guías a la hora de elaborar la información sanitaria, así como la transparencia y fiabilidad en los objetivos y fines de las entidades que las facilitan”.

En cuanto a la publicidad de medicamento dirigida al público, explicó que los medicamentos que pueden ser objeto de publicidad son aquellos que no se financien con fondos públicos, que no sean de prescripción médica obligatoria (con la excepción de campañas de vacunación autorizadas por las autoridades competentes), y que no constituyan sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

En lo que se refiere a la publicidad dirigida a los profesionales con facultad para prescribir o dispensar medicamentos, ésta habrá de proporcionar la información técnico-científica necesaria para que sus destinatarios puedan juzgar por sí mismos el valor terapéutico del medicamento.

Explicó que la prohibición y limitación de la publicidad en el campo de los fármacos responde a la necesidad de salvaguarda de la salud pública de las personas y la protección y seguridad de los consumidores, a la particularidad que poseen los medicamentos cuya naturaleza es claramente distinta a otro tipo de productos, así como a los peligros que pueden derivarse de su uso indebido. Al mismo tiempo, la regulación de la publicidad sanitaria debe garantizar la independencia y objetividad de las decisiones de los profesionales sanitarios y garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.

Señaló que el método más importante para que un paciente esté informado es el encuentro entre el paciente y el profesional sanitario, por lo que los facultativos son los principales emisores de información para los pacientes. En este sentido, destacó que las informaciones directas a los pacientes sobre medicamentos por parte de la industria farmacéutica deben estar también estrictamente reguladas y controladas y no pueden, en ningún caso, referirse a medicamentos con receta médica.

Al hablar de salud online, manifestó que ésta debe considerarse como un complemento a la relación entre el paciente y el profesional sanitario, y una manera de mejorar la información que se da a los pacientes. De esta forma, la comunicación de información a los pacientes únicamente por vía electrónica no está de acuerdo con la ética profesional sanitaria.
Por su parte, el representante de la OCU denunció “lo barato que es incumplir las normas en este país” y no dudó en señalar que la Administración debería perseguir la publicidad engañosa de una forma mucho más eficiente. Habló de los costes de acudir a los tribunales, de la falta de voluntad política de acabar con la publicidad engañosa y de la ausencia de sanciones ejemplarizantes en España, algo que no ocurre en países como Francia, Italia o EE.UU.

Aclaró que la información sanitaria es un derecho de los consumidores con el que se salvaguardan otra serie de derechos básicos como el derecho a recibir una indemnización o reparación por los posibles daños o perjuicios derivados de una práctica sanitaria, proteger a los pacientes de los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, así como proteger sus legítimos intereses económicos y sociales frente a posibles prácticas comerciales desleales o cláusulas abusivas.

Desde la OCU se apuntó que, aunque los pacientes deberían consumir los medicamentos siguiendo siempre la prescripción de un profesional sanitario, es cierto que en aquellos países donde está permitida la publicidad directa de medicamentos, ésta influye en los pacientes pudiendo llegar a ser un “cauce de presión para el prescriptor”. Además, advirtió que los productos y servicios que promueven la salud tienen muy buena aceptación en la población y por eso, a veces, la publicidad sanitaria realiza alegaciones exageradas de determinados beneficios de los productos o medicamentos que se anuncian. De ahí la importancia que tiene que haya una mejor coordinación entre las Comunidades Autónomas para unificar criterios a la hora de regular este tipo de publicidad, y conseguir así un mayor equilibrio entre la protección de la salud de los pacientes y la libertad de elección que tienen como consumidores. Para ello, debe garantizarse siempre la veracidad y transparencia de los mensajes para evitar una publicidad engañosa. Por último, destacó también la necesidad de una mayor regulación que controle e impida, en caso necesario, estas prácticas que afectan a la salud de la población.

2014-10-29T10:38:54+00:00octubre 29th, 2014|Noticias|